Una gran parte de las subastas públicas las llevan a cabo los propios juzgados (subastas judiciales), pero también realizan subastas otros organismos públicos como Hacienda o la Seguridad Social. Además, están las casas privadas de subastas. La compra en cualquiera de ellas presenta riesgos.
Información poco accesible. Se anuncian por edictos en los tablones de anuncios de los juzgados 20 días antes de la subasta. Allí figura todos los datos esenciales: el juzgado que realiza la subasta, el número del procedimiento, el bien que se subasta, la cantidad de dinero y el banco en que debe ser ingresada previamente.
Algunos juzgados no permiten el acceso al expediente completo y éste puede tener errores. Atención: en muchos casos no se transmite el 100% de la propiedad, sino sólo una parte, por lo que el adquiriente integrará una comunidad de bienes con otros propietarios, algo poco recomendable.
A pesar de que el Registro de la Propiedad expide una certificación de cargas, algunos elementos hay que comprobarlos sobre el terreno: la dirección exacta, la superficie, los linderos, la existencia de inquilinos o usufructuarios que no se puedan echar... Quien adquiere el inmueble se responsabiliza de las cargas anteriores a la anotación del embargo que se está ejecutando (puede haber hipotecas anteriores). Las deudas anteriores quedan anuladas salvo las del IBI y la de las de la comunidad de propietarios que correspondan al año anterior y a los meses transcurridos del año en curso.
Para participar en una subasta hay que adelantar una suma elevada de dinero. Y no tiene ninguna seguridad de que vaya a conseguir su objetivo.
En las subastas de casas privadas especializadas el riesgo es el mismo. La entidad ofrece información sobre el inmueble, pero se exonera de toda responsabilidad por su situación jurídica, registral y física. Una vez más, usted corre con los riesgos.
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